En GPL Abogados ofrecemos eficacia y certeza durante la atención de cada asunto con amplio conocimiento y absoluta certidumbre en la atención de los asuntos encomendados, lo que nos ubica como una firma confiable y que entrega excelentes resultados.
1.- Medios de defensa. Práctica contenciosa fiscal a nivel federal y local, ya sea en sede administrativa o judicial, como elemento correctivo en los casos en que resulte ser necesario. La práctica comprende el estudio, elaboración, presentación y seguimiento de los medios de defensa idóneos ante la autoridad administrativa, los tribunales jurisdiccionales y el Poder Judicial de la Federación, de diversas contingencias fiscales, entre las que actualmente destacan:
• Créditos fiscales determinados a cargo de los contribuyentes;
• Resoluciones que tengan por desistidas o nieguen total o parcialmente las solicitudes de devolución de saldos a favor de las contribuciones;
• Actos realizados de manera unilateral por las autoridades fiscales en perjuicio de los contribuyentes, referentes a su domicilio fiscal, registro federal de contribuyentes, certificado de sellos digitales, comprobantes fiscales digitales por internet y firma electrónica, entre otros;
• Atención de los procedimientos iniciados en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, ya sea a los contribuyentes listados (EFOS) que les observaron comprobantes fiscales, o bien, a los contribuyentes que les dieron un efecto fiscal (EDOS);
• Embargo, bloqueo, congelamiento, inmovilización o aseguramiento precautorio de cuentas bancarias; y
• Actos dentro del procedimiento administrativo de ejecución (embargo) que afecte de manera directa o indirecta al patrimonio de los contribuyentes.
2.- Consultoría. También ofrecemos consultoría en diversos contenidos y planteamientos fiscales, como lo son:
• Asesoramiento respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales, ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Secretarías de Finanzas de las entidades federativas y las Tesorerías Municipales;
• Análisis para personas físicas respecto de la relación de ingresos/gastos por su actividad económica y actividad preponderante para efectos fiscales, así como la detección de posibles discrepancias fiscales;
• Opiniones requeridas por los clientes de situaciones concretas para la adecuada tributación con certidumbre jurídica;
• Participación en la conducción, seguimiento y culminación de facultades de comprobación y procedimientos administrativos diversos propiciando, en su caso, la intervención de la Procuraduría Federal de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), mediante quejas, acuerdos conclusivos, consultas especializadas, entre otros;
• Peticiones, consultas y solicitudes de autorización previstas en los ordenamientos jurídicos fiscales;
• Atención de cartas/oficios invitación, avisos de situación fiscal o requerimientos específicos de derechos y obligaciones en materia fiscal emitidos por las autoridades fiscales;
• Presentación y seguimiento de solicitudes de devolución de saldo a favor de contribuciones; y
• Análisis y evaluación de la situación fiscal y corporativa de personas físicas y morales, con el fin de identificar y prevenir riesgos en materia tributaria (compliance fiscal).
De manera general, nuestros servicios incluyen la atención, en todas sus instancias, de los distintos procedimientos y procesos en los que participen los particulares ante las autoridades del Gobierno en sus tres niveles, a saber:
1.- Órganos Reguladores. Comisión Reguladora de Energía (CRE), Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), entre otros.
2.- Entes Fiscalizadores. Órganos Internos de Control de diversas dependencias y entidades, Auditoría Superior de la Federación y sus similares en los Estados, Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, entre otros.
3.- Contratación Pública. Particularmente en obra pública y servicios relacionados con la misma, lo que incluye, de manera enunciativa y no limitativa:
• Atención jurídica para el procedimiento de contratación;
• Asuntos legales que surjan durante la vida del contrato;
• Asuntos legales que puedan surgir a la terminación del contrato;
• Impugnación de adjudicaciones;
• Ajustes de costos y precios unitarios extraordinarios negados;
• Finiquitos unilaterales;
• Rescisiones administrativas;
• Terminaciones anticipadas;
• Gastos no recuperables negados;
• Cobro de estimaciones adeudadas;
• Sanciones administrativas;
• Créditos fiscales determinados en procedimientos resarcitorios; y
• Nulidad de cláusulas.
4.- Otras Autoridades y Asuntos
• Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (SEDUVI) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), ambos por lo que hace a la descatalogación de inmuebles catalogados como de valor patrimonial.
• Responsabilidad Patrimonial del Estado; y
• Juicios de extinción de dominio que se inicien con motivo de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
5.- Consultoría. También atendemos consultas relacionadas con los alcances o interpretación de la regulación aplicable a los sectores antes mencionados, entre las que destacan:
• Asesoramiento respecto al cumplimiento de las diversas obligaciones legales en materia de contratación pública, como son: reclamos, cumplimiento de obligaciones, revisión de proyectos, entre otros;
• Asesoramiento para el cumplimiento o interpretación de la normativa de diversos órganos reguladores; y
• Prevención para proteger el patrimonio de personas físicas o morales con relación a la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
Comprende el asesoramiento a personas físicas y morales en el cumplimiento de sus obligaciones mercantiles, ya sea entre sus propios socios o accionistas, o bien, con las terceras personas con quienes tienen relaciones comerciales. Destacan los siguientes:
• Constitución de sociedades mercantiles y civiles;
• Asesoría y elaboración de las distintas actas de asamblea, así como de las resoluciones adoptadas fuera de éstas, como lo serían, asambleas anuales ordinarias, aumentos y reducciones de capital, disolución y liquidación de sociedades, entre otras;
• Auditorías legales respecto del cumplimiento estatutario y normativo de las empresas con relación a la forma social adoptada;
• Asesoría en gobierno corporativo y órganos de administración de las sociedades;
• Otorgamiento y revocación de poderes;
• Elaboración de libros sociales, así como seguimiento y realización de los diversos asientos que deben constar en los mismos para su cumplimiento normativo;
• Elaboración de títulos accionarios, así como de los documentos jurídicos en donde conste su transmisión;
• Obtención de antecedentes registrales de las sociedades en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio;
• Tramitación de protocolizaciones, certificaciones, y demás actos jurídicos ante Notarios Públicos y Corredores;
• Publicaciones en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía;
• Asesoría, elaboración y revisión de los distintos contratos y convenios que suscriben nuestros clientes, tanto para la creación de negocios estratégicos, como los celebrados para la operación diaria de la sociedad;
• Trámites para la obtención de registros ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; y
• Revisión de situación jurídica de inmuebles, así como la elaboración de contratos de arrendamiento y compraventa de éstos.
Prevención de Lavado de Dinero y Combate del Financiamiento al Terrorismo (PLD/CFT), Anticorrupción y sanciones. Proporcionamos servicios en materia de prevención de lavado de dinero, contra el financiamiento al terrorismo y anticorrupción, en específico por lo que respecta a sanciones, análisis cuantitativo, manejo de riesgo, procesos de control interno, gobierno corporativo, auditorías externas y capacitación, así como en los procesos de debida diligencia del cliente y en el monitoreo y análisis transaccional.
Atendemos tanto al sector financiero como a los negocios y los servicios profesionales independientes que realizan actividades vulnerables.
Para el ámbito público de nuestro país, hemos diseñado y puesto en práctica capacitación altamente especializada en las materias de PLD/CFT a diversas instancias del gobierno federal, con base en programas de diplomado diseñados en función de sus necesidades específicas.
Para el caso de los gobiernos de las entidades federativas, hemos elaborado productos específicos tendientes a hacer operable la política pública en la materia a través del diseño y puesta en marcha de las Unidades de Investigación Patrimonial y Económica de los gobiernos estatales (UIPES).
Contamos con profesionales certificados y con amplia experiencia en el diseño y construcción de las políticas públicas relacionadas con el régimen de PLD/CFT, hemos participado y resuelto casos complejos relacionadas con Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que involucraron a más de una jurisdicción.
En la industria financiera y en ciertos sectores no financieros de la economía, el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y las sanciones por incumplimientos continúan siendo las mayores amenazas globales a la viabilidad de las entidades y los sujetos obligados en México. A estas amenazas le siguen regulaciones cada vez más complejas que ponen bajo creciente presión a las instituciones reguladas. GPL ABOGADOS, S.C. es un aliado estratégico que le ayuda a entender y navegar proactivamente este nuevo entorno, a través de nuestros servicios que incluyen:
• Análisis de brecha al programa de PLD/CFT y sanciones;
• Consultoría en materia de PLD/CFT y sanciones tendientes al manejo de riesgos y la protección de su reputación;
• Elaboración de manuales PLD/CFT y sanciones acordes a la regulación mexicana y modelos internacionales ISO, COSO y SARLAFT;
• Elaboración de políticas y procedimientos acorde a estándares internacionales ISO, COSO y SARLAFT debidamente documentados, orientados a: (i) identificar y conocer al cliente, (ii) gestionar adecuadamente a los clientes de alto riesgo y a las personas políticamente expuestas (PEP), y (iii) integrar el Comité de Comunicación y Control y dar seguimiento a sus acuerdos;
• Auditorías independientes al cumplimiento del Programa de PLD/CFT y sanciones con un enfoque basado en riesgo;
• Servicios para la debida diligencia de clientes, personas físicas y morales, en distintas geografías;
• Análisis cuantitativo y manejo de riesgos; y
• Elaboración de políticas anticorrupción.
La presencia de actores emergentes en la industria financiera en México y el mundo ha sido posible gracias al desarrollo de nuevas tecnologías. Estas nuevas realidades se han visto reflejadas en un entorno regulatorio más actualizado y exigente, el cual representa oportunidades para expandir los negocios, pero también riesgos por fallas en el cumplimiento regulatorio. El ecosistema actual demanda de las entidades y los sujetos obligados una definición clara de su apetito al riesgo, a la par de una metodología que les ayude a entender, evaluar, administrar y mitigar ese riesgo.
En GPL ABOGADOS, S.C. contamos con especialistas en el análisis de bases de datos y en el modelado de datos en distintos grados de complejidad. Prestamos servicios a las entidades y sujetos obligados de todos los sectores a través del desarrollo de metodologías robustas y con enfoque basado en riesgos que incorporan las exigencias regulatorias locales y las mejores prácticas internacionales, dirigidas a satisfacer las demandas regulatorias y fortalecer la toma de decisiones, a saber:
• Desarrollo y aplicación de metodologías de evaluación de riesgos para entidades y sujetos obligados;
• Desarrollo y aplicación de modelos de evaluación de riesgo para los clientes y usuarios de las entidades y los sujetos obligados;
• Diseño y aplicación de herramientas dinámicas de análisis de datos;
• Fortalecimiento de los principios del Gobierno Corporativo; y
• Capacitación y entrenamiento a las tres líneas de defensa ajustado a las necesidades de las instituciones reguladas.